La modalidad delictiva investigada y detectada tanto por los pesquisas de la AIC como por el fiscal Benítez, consistía en la utilización de redes sociales mostrándose interesados en locales dedicados a la venta de motocicletas como de bienes muebles. Entonces, una vez seleccionadas las víctimas, se hacían los contactos telefónicos, en los que una persona se mostraba interesada en la compra de los productos, y le seguía además del interés demostrado en la compra la transferencia bancaria. Respecto de este último trámite, los presuntos compradores se comunicaban con los vendedores y aludían a un problema suscitado con el pago. Y, después, para solucionar el problema, pedían a las víctimas que fueran a un cajero automático y bajo engaño les quitaban información personal y con ella realizaban pedidos de préstamos con transferencias a sus cuentas, y con ello perfeccionar el delito.
Denuncia e investigación
Alrededor de unas 20 denuncias fueron recibidas por la Policía primero, y luego por el fiscal del MPA. Benítez, que ordenó que los agentes de la Agencia de Investigación Criminal AIC, se abocara a la investigación del suceso, y así durante varios meses lograron desentrañar cual era la modalidad de los delincuentes que se repetía con cada una de las víctimas. y luego constataron que los teléfonos desde los que se hacían las llamadas eran de dos cárceles de la provincia de Córdoba, una en Río Cuarto y la restante, en la ciudad de Córdoba, con seis presos involucrados directamente en el caso, y 11 familiares y amigos de ellos, mujeres y hombres, como ejecutores de los delitos.
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El perjuicio económico
Las estafas alcanzaron entre todos los damnificados que denunciaron su caso particular, unos 2 millones de pesos y 5 mil dólares, 46t teléfonos celulares, 3 notebooks, una tablet y otros 10 dispositivos, 317 mil pesos en efectivo, 6 armas de fuego, tickets de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y elementos probatorios incriminantes.
Delitos imputados
Informaron la novedad sobre el resultado de los allanamientos, operativos y procedimientos realizados a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal AIC, y éstos hicieron lo propio con el fiscal MPA. Alejandro Benítez, que ordenó que sean realizados los procedimientos de extradición de los 17 detenidos -entre ellos los seis presos- siendo 9 mujeres y 8 hombres, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos autores de los delitos de estafas telefónicas y asociación ilícita.